Bolivia y Paraguay son los únicos países de América del Sur que no tienen salida al mar.
En 2003 la ciudad de La Paz, que se encuentra a 3.658 m de altitud, contaba con 1.476.784 habitantes, y la de Sucre con 288.290 habitantes. Otras ciudades importantes son: Santa Cruz de la Sierra, principal centro de comercio, con 1.538.343 habitantes; Cochabamba, localizada en una fértil región agrícola, con 603.342 habitantes; Oruro, en el centro minero más importante, con 232.246 habitantes; Tarija, foco comercial y agrícola, con 153.457 habitantes; Potosí, también localizada en zona minera, con 164.803 habitantes; Llallagua, con 35.451 habitantes y Trinidad, con 94.469.
Aproximadamente el 50% de la población es indígena, sobre todo, quechuas y aymaras; el 30% son mestizos y el 20% restante blancos (10% de origen español). Los idiomas oficiales son el español, el quechua y el aymara; también se habla tupí-guaraní, una de las lenguas aborígenes de Hispanoamérica. Casi el 40% de los indígenas no habla español y un 55% vive en áreas rurales; el departamento de La Paz es el que mayores cifras de población indígena ofrece: 1.402.184 según el censo de 2001.
Desde la década de 1950 hasta principios del siglo XXI, los gobernantes bolivianos alentaron el desarrollo industrial privado y buscaron activamente la inversión de capital extranjero. En 2006, el producto interior bruto (PIB) totalizó 11.162 millones de dólares, con un índice per cápita de 1.193,30 dólares estadounidenses (según cifras del Banco Mundial).
La agricultura tiene hoy menor peso en la economía boliviana que hace unas décadas: emplea al 5% de la fuerza laboral del país y representa el 14% anual del PIB. Los bolivianos utilizan de forma mayoritaria los métodos de cultivo tradicionales. Los terrenos de cultivo de algunas regiones, especialmente en Los Yungas, son extraordinariamente fértiles. En el año 2000 destacó la producción de caña de azúcar, soja, papas, maíz en grano, plátano, arroz y hoja de coca.
La falta de transporte adecuado y la accidentada topografía han impedido la explotación a gran escala de los ricos bosques bolivianos. La industria de la pesca es poco destacada, ya que Bolivia no tiene salida al mar, aunque utiliza el puerto chileno de Arica como centro de transporte y almacenamiento de mercancías (véase más adelante la sección “Conflictos limítrofes”).
La industria representa un 34,2% del producto interior bruto (PIB). Las empresas manufactureras operan a pequeña escala y más de las dos terceras partes se localizan en la ciudad de La Paz, que es también el principal centro de comercio a nivel estatal. Las principales industrias del país están relacionadas con el refinado de azúcar, la alimentación y bebidas, el cuero, la minería, los textiles, el cemento, el papel y los muebles, el vidrio y la joyería, además de las energéticas.
En 2003, la producción anual de energía era de 4.250 millones de KWh, un 54,24% procedente de las plantas hidroeléctricas y un 43,41% de las térmicas.
La unidad monetaria de Bolivia es el boliviano de 100 centavos (en 2006, 8 bolivianos equivalían a 1 dólar estadounidense). El Banco Central de Bolivia es el banco emisor de moneda. También operan en el país instituciones financieras privadas nacionales y extranjeras.
Los restos arqueológicos encontrados en los Andes bolivianos demuestran que el país estaba habitado hace 30.000 años. En el Altiplano, camino de La Paz a Oruro, al oeste del país, se ha descubierto el yacimiento paleolítico de Viscachani, donde se han hallado numerosos útiles y herramientas de piedra que datan del 10000 al 4000 a.C., como hachas de mano, lascas, puntas de lanza y cuchillos.
En el actual territorio de Bolivia vivieron dos grandes civilizaciones precolombinas: primero fue la de Tiahuanaco, próxima al lago Titicaca, centro ceremonial aymara cuya fundación probablemente se llevara a cabo antes del año 300 d.C., y posteriormente la inca, que estableció un vasto imperio en el siglo XV, poco antes de la llegada de los españoles. Durante ese siglo Bolivia estaba ocupada por varios grupos de lengua aymara (collas, pacajes, lupacas, omasuyos), entre los que destacaban los collas, quienes dominaron un vasto territorio y lucharon con los quechuas del Cuzco por el control de la región. Los collas fueron derrotados por el inca Pachacuti, quien se apoderó de casi todo el Altiplano boliviano. Bolivia constituyó durante casi un siglo una de las cuatro grandes divisiones del Imperio inca bajo el nombre de Collasuyu (véase Tahuantinsuyu). Estas antiguas civilizaciones han dejado grandes monumentos arquitectónicos y en la actualidad las lenguas aymara y quechua son las más importantes del país.
El Alto Perú, nombre con el que entonces se designó a Bolivia, fue descubierto por Diego de Almagro en 1535, después de partir del Cuzco con el fin de conquistar Chile. Muerto Almagro, Francisco Pizarro envió a su hermano Gonzalo a colonizar la provincia del Collao. Pedro de Anzúrez fundó Chuquisaca (actual Sucre) en 1538, Potosí surgió en 1546, La Paz en 1548 y Cochabamba en 1574.
La fundación española en Bolivia se caracterizó por presentar una base minero-agrícola. La ciudad de Potosí, la más poblada de América en 1574 (120.000 habitantes), se convirtió en un gran centro minero por la explotación de las minas de plata del cerro Rico de Potosí y en 1611 era la mayor productora de plata del mundo. El rey Carlos I había otorgado a esta ciudad el título de villa imperial después de su fundación.
Durante algo más de 200 años el territorio de la actual Bolivia constituyó la Real Audiencia de Charcas, uno de los centros más prósperos y densamente poblados de los virreinatos españoles. Potosí, ciudad más importante en el hemisferio occidental del Imperio español, empezó su decadencia en las últimas décadas del siglo XVIII y entró en el olvido al quedar la minería de la plata en un estado de estancamiento, como consecuencia del agotamiento de las vetas más ricas, de las anticuadas técnicas de extracción y de la desviación del comercio hacia otros países. En 1776, la Real Audiencia de Charcas, que hasta entonces formaba parte del virreinato del Perú, fue incorporada al virreinato del Río de la Plata.
Las sublevaciones de Chuquisaca y La Paz fueron el punto de arranque de las guerras de independencia. El país se declaró independiente de España el 6 de agosto de 1825 y adoptó el nombre de Bolivia cinco días después. En 1826 el libertador Simón Bolívar otorgó al país la primera Constitución que fue aprobada por el Congreso de Chuquisaca. El general Antonio José de Sucre, mariscal de Ayacucho, fue elegido primer presidente de la República de Bolivia.
Desde los inicios de su existencia como nación independiente, Bolivia se sumergió en un estado casi crónico de revoluciones y guerras civiles, y durante los siguientes 50 años los intervalos de estabilidad política fueron breves e infrecuentes. En 1837 Bolivia se unió al Perú para formar un nuevo Estado, la Confederación Perú-boliviana, que desapareció dos años después, en 1839, por la oposición y declaración de guerra de Argentina y Chile. En 1841 la batalla de Ingavi otorgó a Bolivia la definitiva separación del Perú.
En 1866 y 1874 se firmaron los tratados para resolver el litigio con Chile sobre el desierto de Atacama, rico en yacimientos de nitratos de sodio y cobre. En ellos se adoptó como línea limítrofe entre Chile y Bolivia el paralelo 24 de latitud S. Se otorgaron a Chile diversos derechos arancelarios y concesiones mineras en la Atacama boliviana. Estas últimas disposiciones originaron el litigio entre los dos países y en 1870 Chile se apoderó del puerto boliviano de Antofagasta. En la llamada guerra del Pacífico, Bolivia y su aliado el Perú fueron derrotados por Chile. Al ser despojada de su única posesión litoral, Bolivia dejó de tener salida al mar. El litoral boliviano abarcaba alrededor de 158.000 km2 y, además de Antofagasta, contaba con los puertos mayores de Mejillones (véase Península de Mejillones), Cobija y Tocopilla; la región presentaba guano, salitre y cobre, riquezas que no habían sido explotadas por Bolivia. En 1904 se ratificó un tratado de paz y amistad que reconoció el dominio a perpetuidad del territorio en litigio por parte de Chile, aunque garantizó a Bolivia el libre acceso al mar.
Bolivia mantuvo también un litigio territorial con Brasil, que concluyó con la cesión de 180.000 km2 a este país a cambio de una indemnización económica y una pequeña compensación territorial. Además, ha tenido conflictos territoriales por cuestión de límites con Argentina, el Perú y Paraguay. La solución pacífica del litigio con Argentina se alcanzó en 1925. En 1930, el Perú y Bolivia nombraron una comisión conjunta para delimitar la frontera y solucionar el litigio sobre la península de Copacabana. El problema fronterizo boliviano-paraguayo se centró sobre el Chaco boreal, una zona de tierras bajas situada al norte del río Pilcomayo y al oeste del río Paraguay, que se extiende a la indiscutible frontera de Bolivia. Los dos países reclamaban el territorio en su totalidad. En julio de 1932 estalló la guerra del Chaco, conflicto no declarado que duró tres años y en el que murieron unos 50.000 bolivianos y 35.000 paraguayos. En julio de 1938 se firmó el tratado de paz, según el cual Paraguay se quedaba con un 75% de la región del Gran Chaco.
Desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, Bolivia ha presionado a la Asamblea General para que considere su petición de recuperar su salida libre y soberana al océano Pacífico. También ha presentado el asunto ante la Organización de Estados Americanos (OEA). En 1953 Chile concedió a Bolivia un puerto franco en Arica, garantizando a este derechos arancelarios especiales e instalaciones de almacenamiento.
A partir de 1930 el país vivió de nuevo periodos de disensiones internas. Ese año una revolución derrocó al presidente Hernando Siles que había gobernado desde 1926 sin convocar la legislatura nacional e intentaba prorrogar su mandato. Daniel Salamanca, elegido presidente en 1931, fue derrocado en 1934 por una camarilla liderada por su vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Su gobierno fue derribado por una Junta militar encabezada por el coronel David Toro, quien intentó sacar al país de la situación desesperada en que se encontraba, como consecuencia de la recesión mundial y del conflicto del Chaco con Paraguay. Sin embargo, se rodeó de enemigos entre los militares y en 1937 fue derrocado por un grupo encabezado por el teniente coronel Germán Busch Becerra, jefe del Estado Mayor.
En 1938 se aprobó una nueva Constitución. Sin embargo, Busch la abolió un año después e impuso un gobierno dictatorial. A los cuatro meses fue encontrado muerto de un disparo. Asumió la presidencia el general Carlos Quintanilla, quien restauró la vigencia de la Constitución de 1938 y determinó que el Ejército debía ejercer el control del país hasta la celebración de nuevas elecciones.
En 1940 fue elegido presidente el general Enrique Peñaranda, quien el 7 de abril de 1943, durante la II Guerra Mundial, declaró la guerra a los países del Eje. En diciembre de 1943 fue derrocado por una insurrección cívico-militar que encabezó el militar Gualberto Villarroel, quien un año después asumió la presidencia constitucional del país apoyado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido en cuyo seno había simpatizantes del Eje, y por el Partido Obrero Revolucionario. No obstante, y por presiones económicas, el nuevo gobierno se vio obligado a mantener buenas relaciones con las fuerzas aliadas. En julio de 1946 Villarroel fue derrocado y asesinado en La Paz.
En 1947 los conservadores volvieron a tomar el poder. El gobierno de Enrique Hertzog tuvo que soportar continuamente la oposición de los partidos de derecha y de izquierda, y a principios de la década de 1950 el Partido Comunista fue ilegalizado. Hertzog dimitió y Mamerto Urriolagoitia le sucedió en el poder.
Durante las elecciones presidenciales de mayo de 1951, el exiliado líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Víctor Paz Estenssoro, alcanzó casi la mitad de los votos emitidos. Sin embargo, al no haber un claro vencedor, el Congreso debía elegir al presidente entre los tres candidatos más votados. Con la finalidad de impedir la elección de Paz Estenssoro, el presidente Urriolagoitia renunció y entregó el gobierno a una junta militar que nombró como su jefe al general Hugo Ballivián; en abril de 1952 fue derrocado por el MNR.
Paz Estenssoro regresó del exilio para asumir la presidencia. Bajo su dirección el gobierno emprendió un amplio programa de reformas económicas, decretó la nacionalización de las minas y el monopolio en la exportación del estaño. En el transcurso de 1954 se llevó a cabo la reforma agraria (parcelación de tierras para distribuir entre los indígenas), se alentó la prospección de pozos petrolíferos por empresas extranjeras, se instituyó el voto universal (no existía hasta ese momento) y se llevó a cabo una reforma educativa.
A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 la economía boliviana sufrió el descenso continuo de los precios del estaño en los mercados mundiales y altos índices de inflación. Las minas de estaño no resultaban rentables y los esfuerzos del gobierno para reducir el número de trabajadores empleados y restringir los salarios se encontró con la resistencia de los sindicatos. La Constitución boliviana, que no contemplaba la reelección, impidió que Paz Estenssoro se presentara a las elecciones de 1956, pero su vicepresidente Hernán Siles Zuazo, hijo de Hernando Siles, las ganó como candidato del MNR.
Siles continuó con la política iniciada por el gobierno de Paz Estenssoro, quien volvió a ser elegido en 1960. Paz solicitó la redacción de una nueva Constitución que aumentara la autoridad económica del gobierno y permitiera la reelección. En 1964 fue reelegido, nombrando como vicepresidente al general René Barrientos, jefe de las Fuerzas Aéreas y candidato de la derecha. Muchos de los antiguos colaboradores de Paz lo abandonaron, denunciando que el MNR había olvidado su política revolucionaria. Paz Estenssoro fue derrocado un mes después de su reelección a consecuencia del levantamiento que protagonizaron los mineros y los estudiantes. Se hizo cargo del poder una junta militar encabezada por René Barrientos.
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El gobierno militar llevó a cabo una política de reformas económicas conservadoras, como la reapertura de la industria de las minas de estaño a las inversiones privadas extranjeras. En julio de 1966 René Barrientos fue elegido presidente ya como civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares para poder enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. En octubre de 1967 el Ejército boliviano anunció haber derrotado a los rebeldes en un lugar próximo a la aldea de Valle Grande. Había sido capturado en el campo de batalla Ernesto Che Guevara, siendo poco después ejecutado. Barrientos murió en un extraño accidente de helicóptero en abril de 1969. Se sucedieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares, y en agosto de 1971 el general Juan José Torres fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Hugo Banzer.
El régimen de Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una de mayor represión: suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. En 1978 Banzer dimitió y una junta militar se hizo con el poder. A comienzos de la década de 1980 el fuerte crecimiento económico de la década anterior —que había sido sostenido por los altos precios del estaño en el mercado mundial— dio paso a la crisis. La caída del precio del mineral y la mala administración de los regímenes militares habían dejado a Bolivia con una inmensa deuda, una situación hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones. La exportación ilegal de cocaína fue el principal recurso que le procuró divisas, por lo que Estados Unidos presionó al gobierno de Bolivia para que tomara medidas efectivas contra el tráfico de esta droga.
En octubre de 1982 Hernán Siles Zuazo tomó de nuevo posesión de la presidencia. Se enfrentó con varias crisis ministeriales y fue incapaz de resolver los problemas económicos del país, bastante urgentes debido al pago de los intereses de la deuda externa a los bancos internacionales. Siles dimitió y convocó elecciones anticipadas; el Congreso volvió a reclamar a Paz Estenssoro como presidente. Su nuevo gobierno intentó cortar la producción de coca y la venta de cocaína con la colaboración de las tropas estadounidenses, pero esta medida, además de ser impopular, solo obtuvo un éxito parcial. El principal logro de Paz Estenssoro fue una nueva política económica que frenó una hiperinflación del orden del 27.000% entre enero y agosto de 1985, y que fue exportada a otros países de América. Jaime Paz Zamora, que había sido el tercer candidato más votado en las elecciones de mayo de 1989, asumió en agosto la presidencia del país después de recibir el apoyo de Acción Democrática Nacionalista (ADN), grupo político de derecha.
Las siguientes elecciones, celebradas en junio de 1993, dieron la victoria al empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, quien asumió la presidencia, en tanto que el dirigente aymara Víctor Hugo Cárdenas accedía a la vicepresidencia. Asimismo, en las elecciones para el Congreso, el MNR obtuvo la mayoría, reemplazando a la coalición de centro-izquierda hasta ese momento en el poder. Lozada, que había sido ministro de Planeamiento y Coordinación antes de su elección como presidente, introdujo algunas de las medidas más severas de reforma económica puestas en práctica por los países fuertemente endeudados: amplia privatización de empresas estatales, reducción de los gastos en servicios sociales y en los programas de educación, y cierre de muchas de las minas. El estricto control de los gastos estatales ayudó a reducir la inflación a un 6,5% en 1995, pero los costos sociales fueron muy altos. Su programa de gobierno, denominado ‘Plan de Todos’, consistió en la capitalización, la participación popular, la reforma educativa y la descentralización administrativa.
En las elecciones presidenciales de junio de 1997 resultó vencedor el ex presidente Hugo Banzer, el cual, sin contar con la mayoría absoluta, recibió inicialmente el apoyo del también ex presidente Jaime Paz Zamora y su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), quien de esta manera le devolvía el favor por respaldar con sus diputados de Acción Democrática Nacionalista (ADN) la gobernabilidad del país durante su mandato. En junio de 1999, Banzer hubo de cambiar a la mitad de los miembros de su gobierno, tras un grave escándalo que salió a la luz cuando ese mismo mes se produjo la inesperada renuncia del ministro del Interior, Guido Nayar, quien criticó la corrupción e ineficacia gubernamentales. El presidente decretó el 8 de abril de 2000 el estado de sitio, con el objeto de detener la oleada de protestas que tenían lugar en Cochabamba, pero no pudo contener con esa medida un violento estallido social causado por la extrema pobreza del campesinado indígena hasta que firmó seis días después con los representantes sindicales de estos una serie de acuerdos.
El día 20 de ese mes, cuatro días antes de que los miembros de su gobierno presentaran en pleno la dimisión, Banzer suspendió el estado de sitio. Nombró un nuevo gabinete el 25 de abril, pero el 19 de octubre tuvo que ver como de nuevo su gobierno presentaba en bloque su dimisión tras la grave crisis social vivida en Bolivia desde septiembre. Esta, caracterizada por huelgas, cortes de carreteras y enfrentamientos con fuerzas militares (sobre todo en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) estuvo protagonizada por indígenas y determinados sindicatos, defensores del derecho de los campesinos al cultivo de coca y contrarios a las intenciones gubernamentales de erradicarlo y sustituirlo por el de otros productos.Aquejado de cáncer de pulmón, Banzer renunció el 6 de agosto de 2001 a la presidencia y fue sustituido en la misma por el que hasta entonces había sido su vicepresidente, Jorge Quiroga. Este se mantuvo en el gobierno hasta el 6 de agosto de 2002, completando el quinquenio para el cual había sido elegido Banzer. Su sucesor fue Sánchez de Lozada, cuya candidatura por el MNR fue la más votada en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de junio de ese mismo año. Al recibir solo el 22,5% de los sufragios (por el 20,94% de Evo Morales, líder indígena del Movimiento al Socialismo, MAS; del 20,91% de Manfred Reyes, candidato de Nueva Fuerza Republicana, NFR; y del 16,3% de Paz Zamora, nuevamente presentado por el MIR), Sánchez de Lozada precisó la designación del nuevo Congreso Nacional (cuyos miembros fueron elegidos ese mismo día), para la cual compitió con Morales y que logró gracias al voto de sus parlamentarios y de los procedentes de otros partidos, principalmente el MIR. Sánchez de Lozada y Paz Zamora sellaron antes el denominado Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional, pacto de gobernabilidad entre ambas formaciones basado en una futura política que tuviera por eje principal la creación de empleo y de riqueza.
El nuevo presidente anunció en febrero de 2003 una serie de impopulares medidas económicas (entre ellas, un nuevo impuesto sobre los salarios), que generó protestas en todo el país. Sánchez de Lozada retiró su proyecto, pero la grave crisis suscitada, salpicada de violentos incidentes, motivó la dimisión de todos los miembros de su gobierno. En el siguiente mes de agosto, para intentar poner fin a la crisis que vivía el país, Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo con el partido de la oposición NFR, que entró en el ejecutivo. El plan gubernamental de costear proyectos sanitarios y educativos con los beneficios de la exportación de gas natural generó nuevos descontentos (principalmente, por la posibilidad de que el transporte de dicho producto se efectuara a través de un puerto chileno); así, en septiembre y octubre de 2003 se sucedieron nuevas manifestaciones promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB) y por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que también convocaron un paro general indefinido. El movimiento popular también fue catalizado por el MAS y por el Movimiento Indígena Pachakuti. La revuelta se extendió a las principales ciudades del país (La Paz y El Alto fueron incluso militarizadas por el gobierno), donde el clima era, prácticamente, de abierta insurrección. Ante esta situación, que produjo escisiones en el ejecutivo, Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre. Fue sustituido en la presidencia de la República por el vicepresidente, Carlos Mesa, quien formó un gabinete integrado por políticos no adscritos a partido alguno, con la intención de poner fin al conflicto y alcanzar la reconciliación nacional.
Mesa se comprometió a convocar un referéndum sobre la futura política energética nacional. En esta consulta vinculante, celebrada el 18 de julio de 2004, los ciudadanos contestaron a cinco cuestiones: abrogación de la Ley de Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada; recuperación de la propiedad pública de todos los hidrocarburos en boca de pozo; refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; utilización estratégica del gas para lograr una salida soberana al océano Pacífico; exportación de gas (siempre que quedara garantizado el consumo interno, fomentara la industrialización, y los recursos generados se destinaran al desarrollo social). Los resultados otorgaron de forma mayoritaria el “sí” a todas ellas, lo que respaldaba la política del nuevo gobierno. Sin embargo, en octubre de ese año, mineros y campesinos se concentraron en La Paz y su presión fue determinante para que la Cámara de Diputados diera su visto bueno al borrador de una nueva Ley de Hidrocarburos cuyo contenido no aprobaba el gobierno sino que, por el contrario, satisfacía las demandas de Evo Morales y del MAS, así como de la Central Obrera Boliviana. En las elecciones municipales de diciembre de 2004, los movimientos ciudadanos y las agrupaciones indígenas, así como el MAS, lograron magníficos resultados, en detrimento de los grandes partidos tradicionales, cuya credibilidad daba manifiestas muestras de deterioro.
En enero de 2005, se produjeron importantes manifestaciones contra un decreto gubernamental que implicaba el incremento del precio de los combustibles. Las protestas alcanzaron especial gravedad en Santa Cruz, donde el denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rubén Costas y del que formaban parte empresarios, sectores sindicales y alcaldes, se constituyó en cabildo y anunció la inmediata elección de una Asamblea que propiciara el autogobierno departamental. Costas proclamó la autonomía y anunció que el Comité convocaría elecciones para nuevo prefecto y un referéndum que materializara la configuración de Santa Cruz como estado autonómico. El 7 de marzo siguiente, ante la grave y ramificada crisis que vivía el país, Mesa ofreció su dimisión al Congreso. La cámara no aceptó su renuncia y además, con los votos en contra del MAS, aprobó el proyecto presidencial para alcanzar un gran pacto social entre las principales fuerzas políticas y poner fin a la inestabilidad reinante. Entre los puntos del acuerdo se encontraban la negociación de la Ley de Hidrocarburos, así como la celebración de comicios para prefectos departamentales y para elegir una Asamblea Constituyente, y de un referéndum sobre la posible implantación de un Estado autonómico. Durante ese mismo mes, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos, que establecía que las empresas petroleras extranjeras deberían pagar un 18% de regalías y un 32% de impuestos directos, solución a medio camino entre la reclamación de Morales (50% de regalías) y la propuesta de Mesa (que, considerando fundamental la inversión extranjera, era partidario de respetar los contratos ya firmados con firmas privadas del exterior).
La Ley de Hidrocarburos, promulgada en mayo de 2005, siguió pareciendo insuficiente a las organizaciones de indígenas, campesinos y mineros, en tanto que los empresarios y los inversores extranjeros la consideraban excesivamente gravosa. Las manifestaciones y bloqueos reaparecieron con fuerza a finales de ese mes. Las reivindicaciones populares, guiadas principalmente por el MAS, la Central Obrera Boliviana (COB, liderada por Jaime Solares), las juntas vecinales de El Alto (con Abel Mamani al frente) y el Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe, se centraban en luchar contra la Ley de Hidrocarburos (Morales pedía su endurecimiento, mientras que la COB y los representantes de El Alto reclamaban la nacionalización del sector) y en frenar los procesos autonomistas unilaterales de Santa Cruz y Tarija. En los primeros días de junio, Mesa convocó para el 16 de octubre elecciones para una Asamblea Constituyente y un referéndum autonómico; pero las antagónicas posturas de las organizaciones populares del Altiplano y de los departamentos orientales se radicalizaron, y Mesa dimitió, siendo sustituido el día 9 de ese mes por Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema. Para entonces, la situación era tan crítica que el Congreso se había tenido que trasladar a Sucre.
Finalmente, el nuevo presidente convocó para el siguiente 18 de diciembre elecciones presidenciales, legislativas y regionales (por primera vez, los ciudadanos de los departamentos elegirían de forma directa a sus prefectos). En las primeras, la victoria fue para Evo Morales, candidato del MAS, que logró el 53,7% de los votos (su principal oponente, el ex presidente Quiroga, por Poder Democrático y Social, Podemos, recabó el 28,6%). En las legislativas, el MAS obtuvo 72 escaños en la Cámara de Diputados (Podemos consiguió 43; Unidad Nacional, 8; y el MNR, 7). Sin embargo, en la cámara alta, Podemos (cuyos candidatos también se hicieron con la mayor parte de los gobiernos departamentales) consiguió 13 senadores (MAS 12, y Unidad Nacional y el MNR, uno cada uno). Ya como presidente electo, y antes de su investidura, que se produjo el 22 de enero de 2006, Morales visitó diversos países, manteniendo entrevistas, entre otros, con Fidel Castro y Hugo Chávez, y sellando con Cuba y Venezuela sendos acuerdos de cooperación mutua. Durante la campaña electoral, Morales, acompañado en su candidatura por el sociólogo Álvaro García Linera, quien habría de ser su vicepresidente, había efectuado una serie de promesas básicas entre las que se contaban la “refundación” del Estado boliviano (a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 2006); la liquidación de las políticas neoliberales; el antiimperialismo; la nacionalización de recursos naturales, como los yacimientos de gas y petróleo, incidiendo en que ello no supondría la confiscación o expropiación de bienes de empresas extranjeras, sino la recuperación por parte del Estado del control de la producción y comercialización; y la despenalización del cultivo de la hoja de coca, hecho que insistió en que no debería ser interpretado como laxitud en la lucha para erradicar el narcotráfico de cocaína.
Poco después de su acceso al poder, Morales convocó para el siguiente mes de julio elecciones para una Asamblea Constituyente y un referéndum sobre la posible implantación de un sistema autonómico. Asimismo, en abril de 2006, el nuevo presidente se reunió con Castro y Chávez en La Habana para firmar el denominado Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) a la que Bolivia quedaba incorporada. El 1 de mayo, Morales hizo público el Decreto Supremo de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, cuya posesión y control pasaban a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la entidad pública responsable de su explotación, producción y comercialización. Las empresas extranjeras que acatasen el decreto podrían proseguir sus actividades, que quedarían regularizadas por medio de nuevos contratos negociados antes de seis meses. Parecida orientación tuvieron siete decretos sobre la tierra emitidos en junio que se contemplaban como pasos previos para una ulterior revolución agraria que implicaría la nacionalización de tierras improductivas y su posterior distribución entre los agricultores menos favorecidos. El 2 de julio, según lo previsto, se celebraron las elecciones para la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre la cuestión autonómica. En las primeras, el MAS logró 134 escaños, que suponían mayoría pero no alcanzaban los dos tercios de la cámara necesarios para no tener que pactar con otras fuerzas la aprobación del futuro texto constitucional. Por lo que respecta al referéndum para que la nueva Constitución pudiera implantar un Estado autonómico, los cuatro departamentos orientales (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) se mostraron partidarios, en tanto que los cinco occidentales (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) manifestaron su oposición; los resultados globales fueron del 56% para el ‘no’ y del 44% para el ‘sí’.
Desde ese momento, se agudizó progresivamente el enfrentamiento entre Morales, que pretendía que fuera suficiente la mayoría de la Asamblea para la aprobación del nuevo texto constitucional; y la oposición, encabezada por los departamentos orientales y defensora del requisito legal vigente de los dos tercios de la cámara. El conflicto se agravó hasta el punto de que la actividad de la Asamblea Constituyente, bloqueada desde agosto de 2007, se reanudó en un edificio militar de Sucre en noviembre de ese año, donde sería aprobado el índice de la discutida Carta Magna (únicamente por los asambleístas partidarios de Morales), mientras la oposición incrementaba sus protestas. En diciembre, trasladada a Oruro, la Asamblea aprobó (igualmente con el voto favorable de los diputados afines al presidente) el contenido de los 411 artículos de una nueva Constitución que, para ser promulgada, requeriría ahora el respaldo de la ciudadanía en un referéndum. En mayo de 2008, se celebró en el departamento de Santa Cruz un referéndum (considerado ilegal por el gobierno) en el que sus habitantes votaron de forma mayoritaria a favor de un estatuto autonómico que suponía un nuevo desafío al programa político presidencial.